Luis Carlos Díaz excarcelado con medidas cautelares

El periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz fue excarcelado el 12 de marzo a las 11:00 de la noche de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide, después de haber sido detenido arbitrariamente, desaparecido y presentado ante Tribunales en un proceso donde se le acusa de “instigación pública” por ejercer su derecho a la expresión. Le impusieron prohibición de salida del país, de declarar a los medios sobre su caso, y régimen de presentación.

Funcionarios del Sebin habían negado en diversas oportunidades que Díaz estuviese detenido en sus instalaciones. Sin embargo, el periodista fue trasladado a los Tribunales de Control, en La Hoyada, aproximadamente a las 6:40 pm, cuando empezó a circular información falsa respecto a su liberación. Por diversas fuentes se conoció su paradero y el equipo de defensa de Espacio Público, periodistas y representantes de otras organizaciones de la sociedad civil se dirigieron al sitio para prestar apoyo.

A las 7:15 pm el personal de seguridad hizo pasar a sus abogados, y la audiencia de presentación de Luis Carlos Díaz se efectuó con la representación de Espacio Público y Provea, culminando a las 9:45 de la noche con la excarcelación de Díaz, a quien le impusieron prohibición de salida del país, régimen de presentación cada 8 días, y prohibición de declarar a la prensa sobre el caso. Después de realizar los trámites de rigor en El Helicoide, Díaz fue excarcelado a las 11:00 pm. y declaró “el juicio sigue su curso, no puedo dar declaraciones por los momentos. Tengo mil historias pero por ahora no podemos decir nada. No me enteré de nada hasta que de pronto me dijeron que hasta Bachelet habló de esto, eso dependió de ustedes”.

Desde enero de 2019 Espacio Público ha registrado 51 casos de detenciones y retenciones a trabajadores de los medios, periodistas e infociudadanos (as)venezolanos y extranjeros, por expresarse. El número da cuenta de cómo la persecución por expresión se ha agravado en Venezuela, criminalizando la búsqueda y difusión de información y, en ciertos casos, como respuesta a insinuaciones, amenazas o acusaciones de altos funcionarios del gobierno.

Durante la detención de Díaz miles de personas, medios de comunicación, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, y  organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron en contra del hecho, exigiendo la liberación de Díaz, lo que sumó en la opinión pública y presionó a las autoridades. Al respecto el periodista comentó: “de verdad gracias. Viva el periodismo venezolano, los infociudadanos venezolanos, todo el poder de las redes”.

Las medidas impuestas por el tribunal limitan la libertad personal de Díaz, manteniendo la vulneración de sus derechos; la prohibición de declarar a los medios sobre el caso es extensiva a sus abogados y representa una medida de censura que busca evitar que se conozcan las condiciones de reclusión, el trato al que fue sometido el periodista, y hacer de público conocimiento las irregularidades sobre el caso. Al menos desde el 2009 el Estado ha optado por esta censura previa, condición que se le ha impuesto en detenciones con trasfondo político, incluyendo entre otros a la juez Afiuni, Antonio Ledezma, Leopoldo López, los bomberos merideños Varón y Prieto, al periodista Carlos Julio Rojas y a la activista por los derechos humanos “Mamá Liz”.

Al negar el paradero de Díaz en las sedes del Sebin, el Estado incurrió en una desaparición forzada y también faltó a las leyes al no aceptar tramitar el recurso de hábeas corpus introducido por la defensa de Díaz. El documento es una acción expedita mediante la cual se solicita a un tribunal que diligencie para dar con el paradero de una persona que se presume fue detenida por cuerpos del Estado, pero cuyo lugar de reclusión e integridad no se conoce.

El hábeas corpus debe ser aceptado y tramitado a la prontitud posible, el Juez debe abrir una averiguación sumaria y ordenar inmediatamente al funcionario bajo cuya custodia se encuentre la persona agraviada, que informe dentro del plazo de veinticuatro horas sobre los motivos de la privación o restricción de la libertad. La acción busca proteger los derechos a la vida, integridad, libertad personal, vida privada y familiar, y el debido proceso previstos en los artículos 43, 46,44, 48 y 49 de nuestra Carta Magna. Está fijado en el artículo 27 de la Constitución y fundamentado en los artículos 1, 3, 13, 38 y subsiguientes de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

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